En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra inferir, significa sacar una consecuencia o deducir algo de una cosa.

El Ministerio de Administración Pública (MAP) ha dirigido a los empleados públicos dominicanos unas instrucciones en las prácticamente pretende obligarlos a que presenten evidencias del pago de la energía eléctrica y el servicio de agua. Aquí podemos aplicar la palabra inferir en el sentido del gran desorden que tienen las EDES en el cobro de la energía. Pretenden servirse de los trabajadores para enmendar su ineficiencia.

En cuanto a la presentación del recibo de pago del agua, se sabe que todavía la mayoría del dominicano cree que es obligatorio que hay que servírsela sin que haya que pagarla; la energía eléctrica es otra cosa; siempre ha sido onerosa.

La exigencia del recibo no es más que la prueba fehaciente, inequívoca e incuestionable del desorden que tienen las EDES en el cobro de la energía. Los miles de millones que pagan en nómina no les da para ser eficientes.

Al gobierno del Estado  -cuya meta desde el 2020 era resolver el problema- lo consumió la mafia eléctrica compuesta por los generadores y sus propias distribuidoras. Todos amotinados para estafar con altísimas tarifas a los dominicanos.

El cartel eléctrico desacreditó a Punta Catalina y al gobierno del momento a través de plumas y micrófonos pagados, sin embargo, en este momento, esa planta se vende como la generadora más eficiente e importante. ¿Qué ha cambiado?  

La solución al problema en el sector eléctrico dominicano por el momento no tiene solución. Por un lado están las generadoras cuyos dueños son las familias adineradas dueñas de los medios de comunicación y por el otro gobiernos genuflexos que al final se confabulan.