PUERTO PLATA.- El Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata impuso medida cautelar a tres ciudadanos investigados por un fraude millonario, estafa y uso de documentos falsificados, delitos relacionados con el proyecto habitacional “Paraíso Dorado”.

Según se supo, la jueza Rosalba Francisco Parra, ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, impuso a los imputados Jesús Aldea Abían (de nacionalidad española), al abogado Pedro Pablo Pérez y a su esposa Griselda Antonia Calderón Taveras, el pago de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

La medida tomada en el caso punible cometido en el municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata mediante una componenda delictiva de los encartados, ha recibido de manera preliminar la calificación jurídica de violación a los artículos 145, 146, 147, 148, 150, 151, 265, 266, y 408 del Código Penal Dominicano.

Dicha acción judicial partió de una querella presentada por Dámaso Medrano Reyes, quien denunció haber sido víctima de la falsificación de su firma en un poder general, mediante el cual se otorgaban amplias facultades a su entonces socio Jesús Aldea Abián,  para actuar en su nombre dentro del proyecto.

Según consta en la querella, los documentos falsificados fueron utilizados para desviar fondos de inversionistas hacia otras dos compañías: Guztrade SRL y Condular SRL, creadas junto a los también imputados Pedro Pablo Pérez y Griselda Antonia Calderón Taveras.

A pesar de los pagos realizados, el proyecto, que debió levantarse en la comunidad Sabana Grande de esta ciudad atlántica San Felipe de Puerto Plata, nunca fue construido y el poder fue legalizado por el notario Rodolfo Morales Almonte y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para análisis.

El peritaje, mediante certificado No. DRN-075-2025, de fecha 26 de junio de 2025, confirmó que las firmas no corresponden al señor Medrano Reyes, validando la denuncia de falsificación y durante la audiencia, la fiscal litigante Massiel Peña aportó suficientes evidencias ante el tribunal que impuso la medida de coerción a los tres imputados.

Asimismo, la fiscal investigadora del caso, Rosalía Vargas Gómez, continúa las diligencias pertinentes para determinar la magnitud del fraude cometido, según expresa un comunicado remitido por la dirección de Comunicación, Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio Público de la República Dominicana.