Puerto Plata, R.D. — Un pago por más de medio millón de pesos emitido por la Junta Distrital de Maimón al director provincial de Obras Públicas, ingeniero Carmelo Ripoll, ha desatado controversia y cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses y violación a la Ley de Contrataciones Públicas.
El caso salió a la luz tras una publicación en redes sociales realizada por el comunicador Aneudys Schewerer, quien denunció el pago de RD$585,389 a nombre de Ripoll, generando una ola de reacciones en la opinión pública y forzando a las autoridades distritales a ofrecer una explicación oficial.
En un comunicado emitido posteriormente, la Junta Distrital de Maimón, encabezada por su director Divison Sánchez, confirmó la emisión del cheque y explicó que el monto corresponde al pago por trabajos de construcción de aceras y contenes en los sectores Maimón Centro y La Gallera. Según el documento, las obras fueron realizadas por la empresa Constructora La Roca SRL, de la cual Ripoll figura como presidente.
No obstante, la revelación ha generado mayor inquietud debido a que, de acuerdo con la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, modificada por la Ley 449-06, así como la Ley de Función Pública 41-08, los funcionarios públicos están impedidos de contratar con el Estado, tanto de manera directa como a través de terceros o empresas en las que tengan participación.
Juristas y sectores de la sociedad civil han advertido que la operación podría constituir una violación legal, ya que la vinculación del ingeniero Ripoll con la empresa contratada lo colocaría en una posición incompatible con su rol como funcionario público.
Por el momento, ni el Ministerio de Obras Públicas ni la Dirección General de Contrataciones Públicas han emitido declaraciones sobre el caso.
El incidente ha generado un llamado a mayor transparencia en los procesos administrativos y a la intervención del Ministerio Público para esclarecer si existieron irregularidades y responsabilidades legales.
Los ciudadanos de Maimón exigen respuestas claras y acciones concretas para garantizar la legalidad en el uso de los fondos públicos.
Fuente: Puerto Plata Times