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Si no lo pueden justificar… ¡Quítenselo!

Ultima Actualización: miércoles, 09 de diciembre de 2020. Por: Artículo Invitado

Por: Rafaelina Guzmán

Toda mi vida, que ya pasa de medio siglo, dentro de los problemas de esta República han estado presentes sustancialmente los temas de salud, educación, energía eléctrica y corrupción.

Las pretendidas soluciones son expuestas por los partidos políticos, se erigen como temas de campaña, como promesas que forman parte de una especie de historia sin fin y… nada. Si me preguntaran por dónde empezar a arreglar diría: control, hasta la extinción, de la corrupción. Si no robaran los incumbentes, dinero habría para las soluciones.

Ser político y posicionarse con algún cargo público, se ha convertido en el medio más seguro y efectivo de hacerse rico; de ahí la necesidad de invertir para ser electo.  Es así como he visto y he escuchado de fortunas extraordinarias, de personas que, devengando un salario, dejan en apuros al rey Midas y ponen a tambalear nuestra fe en la multiplicación de los panes. Corruptos, ladrones, saqueadores del estado, todos convertidos en honorables señores, cobijados bajo el manto de la más absoluta impunidad, por lo siglos de los siglos, amén.

La consigna usualmente ha sido que es el pueblo quien debe demostrar que son usurpadores de los recursos del estado (¡pobre de aquel que haga un señalamiento a un corrupto!).  Debería ser al revés: es al pueblo a quien hay que explicarle la génesis de las vidas de privilegios y concesiones especiales, en algunos casos parecen infinitas, que no es posible en modo alguno justificarlas sobre la base del sueldo recibido.

Existen disposiciones legales, si quisiéramos procesarlos, empezando por la Constitución y siguiendo por las leyes, 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión; 340-06 sobre compra y contrataciones; 41-08 de función pública; 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio de funcionarios y servidores públicos, 155-17 de lavado de activo y otras más, que al igual que estas, deben andar por ahí, convertidas en bella durmiente esperando la acción que las despierte.

El control y la erradicación de la corrupción requiere voluntad y también un procedimiento simplificado, expedito, que sin violentar el debido proceso, esté exento de la burocracia judicial que coloca en el rango de lo imposible, obtener una sanción y una reparación adecuada.

En cuanto a la sanción, no soy partidaria de la privación de libertad para los corruptos, eso es un gasto para el estado, significaría, una cárcel apropiada, preservar la integridad física y mental del interno, comida y todo lo que se agregue. Propongo un método más sencillo: calcular el salario devengado durante su gestión, en base a eso, determinar su poder de adquisición de bienes y servicios y lo demás, todo lo demás, que él o ella, sus familiares y testaferros no puedan justificar, ¡quítenselo! y de vuelta al lugar donde pertenece, al pueblo dominicano merecedor de un mejor destino.

 

Rafaelina Guzmán

4 de agosto de 2020