| Noticias Nacionales | |||||||
|
POSPONEN SIN FECHA PROCESO A JUEZ13 de julio del 2007
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia se vio forzada a posponer sin fecha fija, el juicio seguido a un juez de instrucción de Puerto Plata, debido a la “desaparición” de 2,500 dólares y un vídeo que servían como cuerpo del delito. El juez Cesáreo Generoso Martínez, fue acusado de recibir un soborno de una empresaria de 2,500 dólares que figuraban como cuerpo del delito. Este situación impidió que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conociera el fondo del caso seguido al magistrado Martínez. El juez de instrucción de Puerto Plata se habría comprometido a emitir un dictamen “complaciente” para favorecer a una empresaria dominicana de origen mejicano identificada en el expediente como María Dolores Rodríguez Ceballos. Se trata de 2,500 dólares marcados que alegadamente le ocuparon al juez de instrucción de Puerto Plata, Martínez durante una transacción que hizo con una empresaria dominicana de origen mexicano. De acuerdo a lo expuesto en el expediente acusatorio, Martínez habría exigido a la empresaria Rodríguez Ceballos dicha suma de dinero para favorecerla con una sentencia respecto a un expediente que tenía en su contra. El dinero le habría sido ocupado al juez en el restaurante “El Barco de Puerto”, en el Malecón de esa ciudad, en donde habrían convenido juntarse con la empresaria para recibir el soborno. Las autoridades judiciales apoderadas del caso, presumen que los 2,500 dólares se perdieron en el trayecto Puerto Plata-Santo Domingo. Junto al dinero se perdieron un vídeo y grabaciones telefónicas que alegadamente hicieron al juez en el momento que recibía el dinero de manos de la empresaria Rodríguez Ceballos. El caso del juez en principio fue conocido por la Corte de Apelación de Puerto Plata, tribunal que actúo como jurisdicción de primer grado, en virtud de que el funcionario judicial disfruta de jurisdicción privilegiada. En ese tribunal fue sentenciado a seis meses de prisión y a la degradación pública, pero el Ministerio Público recurrió la sentencia en apelación, por entender que se merecía una pena mayor de cinco años de prisión. Por tal razón y en virtud de que el juez tiene jurisdicción privilegiada, el caso fue enviado a la Cámara Penal de la Suprema Corte para que conociera la apelación y actuara como tribunal de segundo grado. Fuente: Hoy Digital
|
|
|
|||||
