INSEGURIDAD

UNICEF PREOCUPADA PROPUESTA CAMBIOS CÓDIGO PROTECCIÓN MENOR

Por: La Redacción

Viernes 21 de agosto de 2009

Santo Domingo:-La oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) considera que la violencia, el tráfico de estupefacientes y la inseguridad ciudadana constituyen preocupaciones legítimas de la población en general y del gobierno en particular.

Sin embargo,  señala que la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes favorece con las medidas de protección la reincidencia de delitos por parte de personas menores de edad, y da privilegios que estimulan el incremento de su participación en hechos delictivos y criminales, es una afirmación que “nos debe llevar a la reflexión”.

Se observa una tendencia a adjudicar a los adolescentes la responsabilidad por el auge de la criminalidad y la violencia, sin aportar datos estadísticos confiables que lo confirmen, ni considerar la responsabilidad de los adultos, que en muchas ocasiones utilizan a niños y adolescentes, quizás sin la suficiente capacidad de discernimiento ni valoración, para la ejecución de actividades delictivas.

En las situaciones en que los adultos son víctimas de adolescentes –a pesar de que esto sucede con menos frecuencia que el caso contrario- la noticia aparece en primera plana.  En cambio, cuando los niños, niñas y adolescentes son víctimas frecuentes de los adultos la relevancia dada por los medios de comunicación es mucho menor.

Experiencias en países de la región evidencian que reducir la edad de la imputabilidad y aumentar las sanciones privativas de libertad no garantizan la disminución de la delincuencia.  Hacer más cárceles para personas menores de 18 años, tener más presos, no es la solución. El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre violencia contra la infancia puso en evidencia que no es a través de “mano dura”, y juzgando a los menores de 18 años como adultos, que se garantiza la seguridad de un país.

Se requiere aumentar  la inversión social en programas que generen oportunidades para los adolescentes y que apunten a prevenir la delincuencia.  Asimismo, es necesario implementar programas socioeducativos para reinsertarlos a la sociedad, con participación de las familias y de la comunidad, con un enfoque más seguro, más apropiado y más eficaz que únicamente medidas punitivas.

La Ley 136-03 ha sido considerada en la región de América Latina y el Caribe como ejemplo a seguir como respuesta a los compromisos adquiridos por República Dominicana como signataria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por el país en 1991. 

Dicha ley crea un marco jurídico que demanda el diseño de políticas de Estado, con sus correspondientes programas, objetivos y metas; con horizontes concretos en el tiempo, incluyendo asignación de recursos, de manera que efectivamente niñas, niños y adolescentes logren contar con oportunidades y condiciones que les permitan alcanzar un desarrollo integral y una vida plena, libre de exclusiones, discriminaciones e inequidades.  Fue promulgada en 2003 y a la fecha no ha sido implementada en su totalidad.

Para la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en República Dominicana conviene aunar esfuerzos  para mejorar áreas vertebrales relativas a la especialización en materia penal juvenil, la optimización de la gestión judicial y fortalecer la utilización de las sanciones socioeducativas y medidas alternas a la privación de libertad.

Asimismo, reiteramos  nuestra disposición en acompañar al país en un proceso de reflexión sobre posibles reformas legislativas, así como en la ejecución de políticas sociales a favor de los sectores más vulnerables que permitan garantizar a la población menor de 18 años una vida digna, con reales oportunidades para su desarrollo integral.

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