INVERSIONISTAS TURÍSTICOS CUESTIONAN ACTUACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE
Por Vicente Silverio
24 de agosto del 2007
Inversionistas
turísticos radicados en la localidad de Magante, del municipio
de Gaspar Hernández, acusaron a una comisión de supuestos
técnicos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de haberse
confabulado con poderosos empresarios de esa zona para proteger
los graves crímenes ecológicos que allí se han cometido.
Mediante una declaración
ofrecida a este medio de noticias, los inversionistas Nairy
Kazazin, Eugenie Leroy y el Dr. Berthier, dijeron sentirse
indignados por la forma insensible y complaciente con que los
funcionarios de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente han
manejado el caso de la desviación del cauce del río Portugués,
de Magante, donde quedó afectada una amplia extensión de manglar,
así como las especies acuáticas existentes allí.
Los quejosos dijeron en
su declaración que los llamados técnicos enviados allí por la
anterior administración ambiental del Doctor Max Puig, sólo se
limitaron a visitar la residencia del alemán conocido como Ernst
Dithl, autor de la desviación irregular del citado río, y quien
originalmente dijo que él cometió ese hecho porque pagó una alta
suma de dinero a algunas autoridades del presente gobierno.
Expresaron los
empresarios turísticos que el caso que fue puesto en
conocimiento de la Secretaria de Medio Ambiente, fue manejado de
una manera cuestionable por los técnicos ambientales, debido a
que estos sólo se limitaron a visitar la residencia del
infractor y de allí marcharse hacia sus oficinas a rendir un
informe favorable, sin haber constatado los daños causados por
la acción de ese extranjero y sin entrevistar a las víctimas de
sus desmanes, lo que quiere decir que se ha estado actuando con
complicidad frente a un crimen flagrante contra la naturaleza.
Los empresarios
turísticos radicados en Magante dijeron que llevarán su denuncia
ante todas las instancias oficiales nacionales o internacionales,
y responsabilizan a los técnicos de Medio Ambiente, encabezados
por el Ingeniero Luis Espinosa, Encargado del Departamento de
Cuencas Hidrográficas, así como al también Ingeniero Ramón
Villamán, cabeza de la comisión investigadora, de haberse hecho
cómplices de esas violaciones mediante un informe amañado y
complaciente.
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