Ultima Actualización: lunes, 02 de febrero de 2015
Los esfuerzos de la República Dominicana por paliar el subregistro
En Los niños que no existen se mezclan verdades y especulaciones, y se recrean viejos mitos para una idea distorsionada de lo que es la República Dominicana hoy en día y sus ingentes esfuerzos para garantizar un estado de derecho inclusivo.
Conscientes del subregistro que aqueja a la población dominicana, las autoridades, y en particular el organismo a cargo del Registro Civil —la Junta Central Electoral (JCE)—, emprendieron hace ya una década profundas reformas al sistema de identificación nacional.
Mediante un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, con apoyo del Banco Mundial, la JCE ha abierto oficinas en prácticamente todos los centros hospitalarios y de salud para el pronto registro de los recién nacidos. La automatización de la mayoría de estas dependencias permite la emisión del documento el mismo día, sin costo alguno.
Igualmente, hay disposiciones claras para facilitar las declaraciones tardías. Junto con la creación de una Unidad Especializada para supervisar temas relativos a las declaraciones tardías, se han reducido en más de la mitad los requisitos, facilitando el proceso particularmente para los mayores de 16 años. Opera, además, un sistema de unidades móviles en las áreas más remotas del país.
Los esfuerzos por documentar a la población infantil no se limitan a la JCE. El Ministerio de Educación asignó dos millones de euros a un programa de tres años diseñado a apoyar miles de estudiantes en la obtención de documentos de identidad. El proyecto contempla el acompañamiento de los estudiantes y sus familias en la preparación de los expedientes para presentar a la JCE, o en caso de ser extranjeros, ante el consulado relevante.
Valga aclarar que los datos sobre el analfabetismo son viejos ya: las últimas cifras de la Unesco aseguran un porcentaje de alfabetización de un 90,9, gracias a la campaña de educación de adultos puesta en marcha por la presente administración desde 2012.
La experiencia europea más reciente revela cuán arduo es velar por los derechos de los inmigrantes, sobre todo los indocumentados. La reducción de la vulnerabilidad inherente a la situación de ilegalidad por la que muchos optan en búsqueda de mejores oportunidades económicas es, sin duda, tarea pendiente para muchos gobiernos en todo el mundo. La República Dominicana no es excepción, pero su interés en crear mejores condiciones para proteger los derechos fundamentales de estas personas la sitúan como el único país en el mundo embarcado en un esfuerzo institucional para documentar gratuitamente a todo extranjero sin estatus migratorio en el territorio nacional, prohibidas las deportaciones, además, mientras esté en vigencia el proceso.
Tal y como reconoce el artículo, nadie —y esto ciertamente incluye a los indocumentados e inmigrantes— queda excluido de la provisión de servicios de salud y educación que dispensa el Estado dominicano. Bastan unas pocas cifras para ilustrar la dimensión del impacto sobre nuestras finanzas públicas: cercano al 18% del presupuesto de salud pública se emplea en atenciones a extranjeros (de los cuales alrededor del 98% son haitianos). Un ejemplo concreto es el del hospital fronterizo Ramón Matías Mella, el cual opera con enormes limitaciones presupuestarias, y sin embargo un 40% de los pacientes que atiende provienen de Haití. Asimismo, según cifras oficiales, el número de estudiantes haitianos que accedieron a las escuelas públicas dominicanas en 2013 fue 34.158. Casi sin excepción nuestros maestros y directores de escuela conciben la educación como un derecho, sin importar nacionalidad. Esto explica por qué algunas escuelas públicas fronterizas acomodan los horarios a los estudiantes que cruzan la frontera todos los días para estudiar gratuitamente en la República Dominicana.
Los centros de educación pública del país han recibido directivas explícitas del Ministerio de Educación que les obligan a dar cabida a cualquier joven en edad escolar. Si bien es cierto que algún documento de identidad es imprescindible para obtener un certificado de bachiller, por razones que deben resultar evidentes, de ninguna manera tiene que ser este exclusivamente dominicano: cualquier niño extranjero residente en la República Dominicana puede demostrar su identidad mediante documentos emitidos por las autoridades del país de origen de sus padres. Un levantamiento de información llevado a cabo por el programa de apoyo a la obtención de documentación del Ministerio identificó uno 20.000 estudiantes de origen haitiano que serían enrolados en el mismo.
Como parte del proceso de modernización y adecuación del Registro Civil, en el año 2007 la JCE puso en funcionamiento el libro de registro de nacimiento de niños de madres extranjeras no residentes. En caso de que ambos padres carezcan de documentación o de un estatus legal en la República Dominicana, los niños reciben una constancia de nacimiento que permite los trámites necesarios frente al consulado del país de origen de sus padres.
En reconocimiento de que los problemas de registro del país son de larga data, y de que existe una comunidad de descendientes de extranjeros nacidos en el país que han forjado fuertes vínculos con la sociedad dominicana, el gobierno dominicano promulgó el año pasado la Ley 169-14. Esta legislación establece un régimen especial para personas nacidas y no registradas en el territorio nacional, antes del 2007, de padres indocumentados. Este grupo, en virtud de haber nacido en el país y tener ya cierto arraigo, podrá acceder de manera expedita al Plan de Regularización de Extranjeros que se encuentra actualmente en proceso de implementación por las autoridades dominicanas. En un procedimiento administrativo libre de coste, las personas que demuestren su nacimiento en el país y que se inscriban en el Libro de Extranjería en el periodo establecido, recibirán un estatus legal dentro del Plan de Regularización que les permitirá optar por la ciudadanía dominicana cumplido un plazo de dos años.
El Plan de Regularización es un componente importante de las acciones dominicanas tendentes a establecer una política migratoria moderna y transparente, y un esfuerzo sin precedentes. El Plan abre la vía legal para que cada extranjero en situación irregular adquiera, en un plazo establecido, un estatus migratorio. La República Dominicana busca así normalizar el estatus migratorio de unas 430.000 personas, procedentes de más de 100 países, poniendo fin a su situación de incertidumbre. Cada uno de los casos que se presenten será estudiado de forma individual, de acuerdo a requisitos claros, con procedimientos expeditos y sin cargo alguno por parte del Estado, garantizando un proceso justo y transparente. Hasta la fecha, más de 120.000 han aportado sus datos biométricos para ingresar al programa.
La pretensión de pintar como racista al dominicano choca contra una realidad indiscutible: haitianos y dominicanos conviven en comunidades donde la tensión racial es prácticamente inexistente. La República Dominicana es un país de raza mixta y el color de la piel nunca ha sido un impedimento efectivo para ascender en la escala social y política, como muestra una historia de presidentes, embajadores, legisladores y una elite académica de negros, mulatos y blancos.