Los sentenciados fueron Franklin Hidalgo Batista, la licenciada Ursulina Díaz y al ex mayor de la Policía Nacional Freddy Altagracia Guillen.

La pena mayor recayó en Hidalgo Batista y Díaz, quienes fueron sentenciados por el Tribunal Colegiado a 30 años, mientras que Altagracia Guillén, oficial superior de la Policía Nacional, fue sentenciado a 20 años de reclusión penal. Los sentenciados deberán cumplir estas penas en el Centro de Rehabilitación y Corrección “San Felipe” de Puerto Plata.

Durante la audiencia el Ministerio Público estuvo integrado por los magistrados Elvis García, Víctor Manuel Mejía y Juan Carlos Hernández Castro, quienes solicitaron al Tribunal Colegiado la imposición de 30 años de reclusión para Hidalgo Batista, Ursulina Díaz y 20 para el ex oficial policial.

El Tribunal Colegiado integrado por los magistrados Nazis Pelegrin, German Martínez y Jakaira Veras García, acogieron como medio de pruebas las intervenciones telefónicas autorizada por un Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, por donde se iniciaron las investigaciones de esta caso.

Además, en las conversaciones, el Ministerio Público ofertó al tribunal como elementos de pruebas varias conversaciones telefónicas entre Hidalgo Batista, la licenciada Díaz y el ex mayor de la Policía Nacional Altagracia Guillén, quien se desempeñó para la época como jefe de Investigaciones Criminales en Sosúa, y se le comprobó que patrocinaba y protegia a distribuidores de estupefacientes,  sacando a los contrarios del negocio de las drogas.

Los tres implicados fueron declarados culpables de violar los artículos. 56, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como varios artículos de la ley 50-88 sobre tráfico y distribución de drogas, especialmente en Sosúa y el municipio de Puerto Plata.

En las intervenciones telefónicas, según el tribunal colegiado, se pudo establecer que el ex mayor Altagracia Guillen, debió investigar las agresiones de que había sido objeto un sujeto apodado Fausto, lo que no hizo en principio porque el supuesto agresor era opuesto a Hidalgo, pero el ex oficial inició las indagatorias al recibir ordenes de Batista de que el agredido era un empleado de confianza (pesador del negocio ilícito para la distribución).

Sin embargo, en principio el ex oficial se mostró indiferente por que creía que era un contrario a Hidalgo Batista, pero al recibir las ordenes del supuesto jefe de los puntos de drogas de Sosúa, de que el agredido era un empleado suyo y no un contrario inició las investigaciones.

En las intervenciones telefónicas presentadas por el Ministerio Público también se detalla  que la abogado se dedicaba a solicitarle dinero para entregarse a oficiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas a cambio de proteger los puntos ilícitos de distribución de estupefacientes propiedad de Franklin Hidalgo Batista.

Además, de buscar dividas para supuestamente entregárselo a supuesto representante del Ministerio Público, para obtener variaciones de médidas de coerción a favor de personas que eran detenidas por tráfico ilícito.

Las investigaciones fueron iniciadas a raíz de denuncias de que los jóvenes Julio Cesar Almonte, era una competencia para Franklin Hidalgo Batista en Sosúa, en el tráfico ilícito y los hermanos Ruddy y José Cabrera Peña quienes acompañaban a (Almonte) fueron asesinados por una patrulla policial el dos de enero en la calle 30 de marzo, en un supuesto intercambio de disparos que luego fue puesto en duda por los medios de comunicación a traves de personas que transitaban por el lugar donde ocurrido el triple crimen.

Los abogados de la Defensa integrados por la licenciada Altagracia Serrata y Mary Francisco en representación de Franklin Hidalgo Batista y Ursulina Díaz, así como los defensores públicos Arlyn Corcino y Edwin Toribio coincidieron en solicitarle la exclusión probatoria de las intervenciones telefónicas por que supuestamente estaban editada.

El Tribunal Colegiado rechazó ese incidente, en vista de que aunque las grabaciones fueron presentadas en dos CDS, no estaba alterada y habían sido presentada íntegramente como lo establece una resolución de la Suprema Corte de Justicia.

Como testigo el Ministerio Público presentó a los oficiales de la Policía Nacional Elpidio Castro Castillo y Robert Abreu Peña, ambos declararon sobre las intervenciones telefónicas y las investigaciones llevadas a cabo desde que los tres jóvenes cayeron abatidos a tiros en esta ciudad.