PUERTO PLATA.- El abogado puertoplateño Ángel Lockward, sometió ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), una acción de amparo de cumplimiento contra el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Dicha acción busca que seas aplicados la Ley 479-08 sobre sociedades comerciales y el Código Tributario (Ley 11-92) a un grupo de compañías extranjeras dedicadas a servicios de tiempo compartido, que según dijo se han enriquecido mediante el impago de impuestos en territorio dominicano.
Según Lockward, un total de 16 empresas propiedad de los empresarios extranjeros Markus y Anja Wischenbert y Gustav Kerbler, no figuran en el Registro Mercantil ni en el Registro Nacional del Contribuyente (RNC), por lo que el Gobierno no ejerce ningún control tributario sobre las mismas.
Dijo que de esas empresas solo 4 reportan operaciones al fisco, ya que el señor Markus Wischenbert de nacionalidad austriaca, ya cumplió una condena de 5 años, por el no pagar impuestos en Austria y sobrevivió a un escándalo sobre ese delito en Cancún, México.
Reveló además que la residencia de los Wischenbert valorada en más de 2.5 millones de dólares, fue construida sin planos y sin pagar al Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata los impuestos correspondientes, pero dicha morada se encuentra en el área verde de Cofresí, lo que constituye un grave delito
El reconocido abogado y dirigente político afirmó que las operaciones de estas empresas ascienden a unos 2 mil 200 millones de dólares, de los cuales han retenido unos 126 millones de dólares en impuestos que deben ser pagados al Estado dominicano.
La audiencia de este caso fue reenviada para el 20 de noviembre, a fines comparezca en Viena, Austria, el propietario del consorcio, Gunter Kerbler, quien supuestamente lleva diez años evadiendo impuestos en República Dominicana a través de 17 empresas situadas en Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
“Sabemos que cuando indaguemos sobre estas compañías en el extranjero lo único que encontraremos será unas cuantas hojas de unos estatutos, situados en el escritorio de algún abogado”, puntualizó el letrado.