La comunicación pública se ha convertido, en la actualidad, en una actividad administrativa diversa, muy difícil de delimitar y categorizar que se puede identificar como “un cajón de sastre” en el que caben manifestaciones tales como la información política, las relaciones públicas, la información general sobre servicios administrativos, el diálogo interpersonal o la publicidad institucional.
Aspectos tan relevantes como el derecho a la información, la tipología de los usuarios, la naturaleza de los mensajes, las tecnologías de información y comunicación o las estructuras de los diferentes niveles competenciales administrativos que prestan servicios al ciudadano son, según experto en relaciones públicas, elementos consustanciales al diseño de los procesos de comunicación pública que conviene tener presentes en esa interacción permanente entre Administración y ciudadanos.
Para Bueno Torres, nos encontramos todavía con visiones muy limitadas y parciales sobre la aportación que la actividad comunicativa realiza a la gestión pública, y la califica de concepto multiforme.
En este sentido, el hecho de que factores clave como el vacío legal existente o la confusión terminológica propia que se manifiesta en torno a la comunicación pública, condicione (y dificulte) una aproximación teórica a este fenómeno tal y como advierten diversos autores, no por ello pensamos que tal intento no vaya a ser útil para clarificar a qué tipo de mensajes de comunicación nos estamos refiriendo.
Pienso, por tanto, que resulta pertinente desarrollar una propuesta conceptual de la comunicación pública que nos permita delimitar dicho fenómeno y abordarlo desde el contexto municipal. Y así, me refiero como tal a toda aquella actividad que se manifiesta como interacción comunicativa-relacional bidireccional, establecida entre la Administración y los ciudadanos mediante mensajes dotados de significados variados, objeto de comunicación, a través de diferentes medios -interpersonales, colectivos, colectivos de masas y telemáticos.
Posee un carácter instrumental y su finalidad particular se traduce en determinados objetivos específicos, establecidos en el ámbito político y/o de gestión administrativa o ejecutiva; dichos objetivos específicos se corresponderán en su mayoría, necesariamente, con alguno de los fines perseguidos por la Administración, entidades adscritas o cualquier poder público, siendo identificados, consecuentemente, como fines de interés general.
Quiero destacar, en este punto, un aspecto relevante que se atribuye a la comunicación pública: y es que su función no consiste simplemente en informar, como piensan muchos comunicadores, sino que debe servir como instrumento para asegurar la participación de los ciudadanos en la vida pública y hacerles responsables de sus elecciones personales dentro de un contexto democrático.
Dentro de la política de comunicación externa desarrollada por cualquier organismo público, podemos observar cómo se desarrollan estrategias definidas, orientadas a regular estos procesos de comunicación social que responden a necesidades y objetivos específicos; dichas estrategias y líneas de actuación se materializan, fundamentalmente, a través de tres vías planificadas de manera sinérgica y simultánea: la publicidad institucional, la gestión de las relaciones informativas y el establecimiento de relaciones institucionales.
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