PUERTO PLATA.- En una audiencia efectuada en horas de la tarde de ayer jueves, la Corte de Apelación de Puerto Plata decidió ratifica prisión preventiva contra esposos vinculados a quebrada financiera acusados de desfalco, en tanto que el Primer Tribunal Colegiado impuso una pena de 30 años de prisión a un hombre que fue hallado culpable de violación sexual y robo.

Por tal razón, se decidió mantener en prisión preventiva al empresario Juan Carlos Morales Capella y su esposa Lourdes Victoria Plá George de Morales, acusados de incurrir en un presunto fraude bancario perjuicio de cientos de ahorrantes en Puerto Plata a quienes les había sido impuesta una medida de coerción de un año de prisión preventiva luego que varios afectados se querellaran en su contra aunque dicho tribunal decidió excluir del expediente la acusación de lavado de activos.

En otro tenor informativo, el Primer Tribunal Colegiado de este Distrito Judicial condeno a 20 años de prisión a un hombre en contra del cual el Ministerio Público sustentó las acusaciones de violación y robo en contra de una mujer, acciones delictivas que el imputado cometió hace cuatro años.

Se precisa que el condenado es José Ramón López Martínez, quien fue acusado por los fiscales Kelmi Duncan, Evelina Suero y Cinthia Bonetty, de haber violado sexualmente a una señora en su residencia a la cual amenazó con matar a un hijo de ésta si se negaba hacer lo que éste le pidiera.

Durante el transcurso del juicio, se conoció que además de violar a su víctima, en la acusación formulada por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia que coordina la magistrada Luisa Marmolejos, se establece que López Martínez robó objetos de gran valor económico en la residencia de la dama a la cual se le omite su identidad por cuestiones legales.

El tribunal que estuvo integrado por los jueces Rosa Francia Liriano, Irina Ventura Castillo y Héctor Martínez, acogieron la acusación presentada por los representantes del Ministerio Público quienes pudieron demostrar más allá de toda duda razonable la culpabilidad del imputado en virtud de violación a los artículos 331, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, por lo cual deberá cumplir la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de esta ciudad.