PUERTO PLATA.- La inexplicable privatización del área comercial de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPLATA) ha dividido en dos a los once miembros que forman el Consejo Directivo de esa institución ya que unos cuatro se oponen, pero los siete restantes votaron a favor.
Los once miembros del Consejo Directivo de la CORAAPLATA que votaron a favor de la privatización del área de cobros de la entidad rectora de los servicios de agua potable y alcantarillados en toda la provincia de Puerto Plata fueron Carlos Troche, el senador Francis Vargas, la gobernadora Eridania Llibre, el alcalde de Puerto Plata Walter Musa, Benjamín Rodríguez y el representante del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA) en esta ciudad.
Pero a dicha medida se opusieron de manera rotunda fue el presidente del referido consejo, empresario Virgilio González (Rey) quien se había negado a convocar a los demás integrantes ya que no estar de acuerdo con la forma a la carrera y con las pretensiones dudosas como se ha hecho ese proceso de privatización, postura que también fue apoyada por los miembros Amaury Pla, el doctor Wady Musa y el ingeniero Basilio González, quienes no participaron en la asamblea donde se aprobó esta privatización.
El proceso de licitación para privatizar el área de gestión de cobros de la CORAAPPLATA fue ganada por una compañía dominico-colombiana que para colmo de males en los momentos actuales está siendo cuestionada en Santo Domingo, por la gestión de cobro que desde el año 2000 lleva acabo en la CAASD, donde según se ha revelado ha sacado beneficio que superan los dos mil 500 millones de pesos sin cumplir con lo estipulado en el contrato.
La aprobación a todo vapor de la privatización del área de gestión de cobros de la CORAAPPLATA, según testigos se hizo como si se tratara de una subasta, donde se procedió a votar con mucha prisa y sin ningún tipo de objeción se favoreció que la compañía dominico-colombiana AAA, asuma a partir del próximo mes de agosto el cobro por el servicio de agua potable que se ofrece con innegable deficiencia a la población de Puerto Plata.
En tanto que la reacción de la ciudadanía no se hizo esperar y muchos aseguran que esa privatización apunta a intereses personales de autoridades ya que se ha comentado que en esta ciudad hay un almacén lleno de medidores de agua que serán usados en el nuevo proceso que llevará controlado el suministro del vital servicio básico, pero no se garantiza la eficiencia en el mismo, que ha sido uno de los mayores dolores de cabeza que atormentan a la población.