PUERTO PLATA.- A juico de la mayoría de ciudadanos de este país, el desenlace que ha tenido en los tribunales el caso del residencial La Mulata III ocurrido el 12 de octubre del 2012, ha sido calificado como una vergüenza para las autoridades dominicanas.
Esta apreciación ciudadana surge cuando ya han transcurrido casi dos años de los allanamientos irregulares llevados a cabo por un grupo de agentes de la Policía Nacional quienes protagonizaron un supuesto enfrentamiento a tiros con extranjeros residentes en ese residencial en cuya refriega murió acribillado un ciudadano alemán, mientras que otros resultaron heridos entre los que se destaca a un empleado de nacionalidad haitiana.
Se afirma que dicho hecho que a casi dos años de su ocurrencia, las autoridades no han podido precisar la cadena de custodia que fue utilizada en el famoso allanamiento donde según las denuncias del abogado alemán Peter Brunck los agentes policiales perpetraron un saqueo a esas residencias hasta el punto de que cuantiosos fueron sacados de esas villas y aún se encuentran desaparecidos.
Los ciudadanos consultados opinaron que “lo más indignante es que a pesar de las acciones ilegales de policías y fiscales que actuaron en el allanamiento que causó un escándalo a nivel internacional, no existe una sola condena por las diabluras cometidas ya que se ha tratado como si el hecho nunca hubiera ocurrido”.
En lo referente a este caso, la vergüenza judicial se extiende a tarjetas de crédito confiscadas y utilizadas después del allanamiento al igual que varios vehículos, por lo que algunos extranjeros de los residentes en el residencial la Mulata III en el municipio turístico de Sosúa ya han tenido que abandonar el país agobiados por la falta de recursos económicos, mientras que otros están contemplando la posibilidad de seguirles los pasos, de no ver ningún resultado positivo en el caso.
Asimismo se asegura que ninguna autoridad da la cara por el fracaso en los tribunales de las acusaciones de homicidio, pillaje y violaciones a los derechos humanos que presuntamente fueron cometidos por oficiales y agentes de la Policía Nacional en contra de los extranjeros, además según el inventario de los ciudadanos alemanes por la sustracción de millones de pesos en prendas, artículos y dinero en efectivo.