Policías del allanamiento en Sosúa usaron tarjetas robadas y compraron jeepetas lujosas con botín

Ultima Actualización: sábado, 10 de agosto de 2013. Por: ANTONIO HEREDIA

Supuestamente todos los miembros de la Policía Nacional que actuaron en la acción, también se llevaron dos tarjetas de crédito propiedad de una profesora de nacionalidad alemana que vive en ese mismo lugar.

PUERTO PLATA.- Un caso que ha tomado notoriedad nacional e internacional, son los últimos detalles aparecidos sobre el grupo de agentes policiales que participaron en el allanamiento en el proyecto habitacional La Mulata III, del municipio de Sosúa.
 
Esta situación sigue muy caliente, ya que supuestamente todos los miembros de la Policía Nacional que actuaron en la acción, también se llevaron dos tarjetas de crédito propiedad de una profesora de nacionalidad alemana que vive en ese mismo lugar.
 
María Magdalena Laüer, asegura que vio cuando varios policías penetraron a su casa y sustrajeron las dos tarjetas de crédito que están a nombre de su  esposo Günter Peter Laver, pero que los agentes las usan cual si fuese un servicio adquirido legalmente.
 
La señora Laüer indicó que para cometer el hecho los agentes rompieron una de las ventanas de su vivienda, ubicada al fondo de la calle principal del proyecto.
 
Al conversar con reporteros de diferentes medios de comunicación, Laüer mostró varios estados de cuenta de compras realizadas con las tarjetas sustraídas, desde el día en que fueron sacadas de su casa. 
 
Según los comprobantes de pago, las compras se realizaron en distintas estaciones de venta de gasolina, por un monto que asciende a varios miles de pesos y de igual forma, en los recibos también figuran transacciones de compra de adornos para vehículos.
 
La extranjera que tiene varios años residiendo en el país, mostró su indignación por toda esta situación que mantiene en vilo a la comunidad alemana que reside en Sosúa a la misma vez que explicó a los periodistas que su esposo, el señor Laver es abogado de profesión y actualmente vive en Alemania. 

Laüer expresó que no entiende toda esta historia que se ha tejido en torno a los habitantes de La Mulata III y que una de las informaciones que más la ha sorprendido es que los alemanes que viven en el residencial, supuestamente trafican con órganos de niños. 

Con cara de decepción, la señora manifestó textualmente: “Esto es muy fuerte para mí.  Yo tengo toda mi vida trabajando con niños y me resulta muy preocupante que me acusen de algo semejante”, mientras que otros alemanes residentes en este proyecto dijeron que no quieren siquiera recordar la forma atropellante en que decenas de policías irrumpieron la tranquilidad con que viven en la comunidad.
 
Asimismo, negaron que enfrentaran a los agentes y fiscales que participaron en ese operativo, como aseguran la Policía Nacional y el Ministerio Público, ya que explicaron que ellos solo pidieron que el allanamiento estuviera respaldado por una orden judicial, que la propia fiscal de Puerto Plata, Alba Núñez, admitió que llegó una hora después de que los policías ejecutaron la acción.

Buscan reparar daños morales
 
Otros alemanes consultados en La Mulata III dijeron que desde el pasado 17 de octubre del 2012, cuando fueron víctima de la acción policial, todos los integrantes del proyecto se encuentran desmoralizados ante la opinión pública nacional e internacional.

Tal como dijera Ulrich Mühl, quien es el secretario general de la compañía Odermatt, propietaria del proyecto La Mulata III aseguró: “Estamos preocupados en reparar nuestra reputación. Para nosotros esto es muy importante” y precisó que el día del allanamiento un policía lo tomó por el cuello y lo estaba estrangulando.
 
Mühl dijo que el agente quería obligarlo a presentar las supuestas armas de fuego que tenía escondidas de manera irregular y agregó que ciertamente los policías hallaron armas de fuego de distintos calibres, pero que sus dueños las tenían de manera legal.
 
Indicó que una muestra de que todas las denuncias que perversamente justificaron aquel allanamiento eran totalmente falsas, es que hasta el momento no tienen ninguna acusación formal contra ellos y aclaró que los 60 millones que les robaron a estas familias no estaban en las tres cajas fuertes que les llevaron los policías ya que dicha cantidad es el valor en pesos de los bienes confiscados en ese proyecto.

También viven suizos y austriacos
En La Mulata III del municipio turístico de Sosúa viven unas 15 familias que suman alrededor de 50 personas, no solo de origen alemán, sino que allí también viven suizos y austriacos, que igualmente sufrieron una de las peores pesadillas de su vida. 
 
Mühl dijo que como resultado de esta operación, muchos alemanes están pensando, incluso, en regresar a su país, debido a que a algunos les llevaron dinero en efectivo que tenían como parte de la pensión asignada en sus puestos de trabajo en Alemania; otros se han visto compelidos a despedir a sus empleados, porque ahora no tienen con qué pagarles.
 
A raíz de las investigaciones el Consejo Superior Policial recomendó al Poder Ejecutivo la cancelación y puesta en retiro forzoso  de los coroneles Raymundo de la Rosa Ogando y Roberto Salcedo Santos y 12 agentes de rangos inferiores entre los se encuentran los primeros tenientes Juan María Toribio Castillo, Francis Sánchez Fernández y Nilson Peña Encarnación, así como al segundo teniente Félix Silverio, quienes serán enjuiciados por la muerte del alemán Peter Ebert Demetrick
 
El confuso incidente aún no ha sido esclarecido por las autoridades, aunque cancelaron a 14 miembros de la uniformada, pero últimamente se ha revelado de los policías que hurtaron allí tremendo botín compraron jeepetas de lujo aunque la Jefatura de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República dicen en su informe que no tienen evidencia de que dos cajas fuertes con más de 60 millones de pesos habrían sido robadas por agentes policiales, durante el sangriento allanamiento del residencial La Mulata III, en Sosúa.
 
Por lo menos seis de los policías investigados han reconocido la existencia de las cajas y a varios de ellos les han ocupado facturas y recibos de transacciones bancarias por sumas millonarias que no pueden justificar ante los investigadores, mientras que el capitán Gerson Acosta Polanco es uno de los oficiales que confirman la existencia de las cajas donde presuntamente habían 60 millones de pesos en euros y dólares.