Muy bien hecho, Dra. Ana Celeste Fernández  

A veces uno se queda con la impresión de que los dominicanos  no aprendemos de los tropezones que experimentamos con el  paso del tiempo o que el interés político lo sepulta todo, pues para confirmar esta tesis sólo hay remitirse al pasado reciente de nuestro acontecer cotidiano:  los flamantes  congresistas del período recién pasado se distinguieron porque muchos de ellos contaron con una organización no gubernamental, cuyo financiamiento procedía del erario público, recursos que utilizaron en mantener una claque política del partido de la procedencia del legislador de que se tratase, pero además esos turpenes no se contentaban con los recursos que por esta vía se agenciaban sino que poseían una nominilla cuyo financiamiento procedía de fondos de los mismos recursos que aporta el pueblo por la vía impositiva. Al conocerse estos hechos, la parte sana de la  sociedad reaccionó airada como consecuencia de este descaro. 

Hoy nos encontramos con la infausta noticia de que el Presidente del Senado de la República, el doctor  Reinaldo Pared Pérez, aclara al país  que los legisladores seguirán utilizando unos fondos dizque con fines  sociales.   Lo que las autoridades de la Cámara en  cuestión han señalado es que los fondos de referencia serán estrictamente auditados. Nos hemos cansado de investigar en la Constitución de la República Dominicana y en ningún artículo de la misma se hace referencia que entre las funciones de los legisladores existe la tarea de manejar fondos públicos para hacer obras determinadas.  

En otro sentido, el Senado de la República viene desde hace un tiempo trabajando en los preparativos para la selección de los jueces de la Junta Central Electoral y hasta se había dicho que se formuló un perfil, el cual serviría de referencia para el proceso de selección, con el propósito de que los errores del pasado no se volvieran  a repetir. Hay que recordar aquella crisis que  produjo el hecho de nombrar como jueces a una cantidad de  personas procedentes de la misma entraña de partidos políticos, acusaciones y contra acusaciones de fraudes y cuantas cosas más, ya parece olvidado aquel escenario donde fue conveniente crear nuevas posiciones de jueces para calmar los ánimos.  

Sepultados aquellos hechos en el alud del tiempo,  en su apresto de  selección de los jueces en el Senado y  para presidir dicho tribunal se baraja públicamente el nombre de una persona que ha dado muestras de una sólida probidad, capacidad, patriotismo, honestidad, inteligencia e independencia de criterios en su ejercicio profesional, lo que garantizaría la credibilidad del proceso comicial venidero, pero al hacerse pública la posibilidad de su escogencia ha puesto una condición inflexible que revela su alto grado de responsabilidad: que la procedencia de los demás jueces no  sea de los partidos políticos a fin de que no se contamine la  esperada transparencia electoral y frente a esta correctísima postura a uno no le queda otra opción que decirle  “muy bien hecho Dra. Ana Celeste Fernández”, para que no se repita la historia y con  ella los tortuosos errores del pasado  reciente.