LA DELINCUENCIA: PREVENCIÓN Y FUTURO
25 Junio de 2008
La República Dominicana,
por la posición geográfica que posee, es un puente natural para
el transporte de drogas que existe principalmente desde países
de Latinoamérica hacia los Estados Unidos.
El incremento de ese
transporte se debe, básicamente, a que los Estados Unidos
continúan siendo los principales consumidores a nivel mundial de
estupefacientes, y la lucha contra el narcotráfico que muchos
países, como México, han estado librando recientemente, obligan
a los narcotraficantes para buscar nuevas rutas. De esa gran
cantidad de droga que pasa por el país, una bajísima parte
permanece en la media isla, gracias a que, al menos al sol de
hoy, no somos un país consumista, al menos en el sentido
estricto de la palabra.
A esto hay que sumarle
que, ser nuestro país un país pobre, el mismo no posee los
elementos suficientes para hacer frente a este flagelo, ya que
el combate contra dicho frente requiere de mucho dinero. En
dólares. Pasando ya del ámbito nacional, al ámbito local, es
preciso señalar lo que en nuestra provincia ha estado sucediendo
últimamente, producto de este gran problema que nos afecta. La
cantidad de narcotraficantes que están marcando espacio cada vez
más resulta espeluznante. Solo hay que abrir un poco los ojos y
darse uno mismo cuenta de cómo surgen nuevos ricos, de la noche
a la mañana, sin conocerse trayectoria laboral ni comercial de
decenas de personas. Por citar apenas un ejemplo.
Y dentro de toda esta
guerra y de tanta incertidumbre, conviene resaltar que, aunque
históricamente miembros de la Policía Nacional han estado
ligados a estos grupos malsanos, la misma ha dado señales de que
la institucionalidad en nuestro país puede ser, como ha sucedido
recientemente en el municipio de Sosúa. Puede tener futuro.
En esta nueva etapa del
gobierno dominicano, aún reconociendo que los problemas que se
asoman presentan urgencias que deben ser atendidas con la mayor
disposición y capacidad posible, no se puede perder de vista la
necesidad de que se siga invirtiendo en la Policía Nacional. La
labor de la Policía Nacional se basa en una política preventiva,
que busca que los delitos no sean cometidos.
Pero esta política
estatal forma parte de un conglomerado de acciones que deben
llevarse a cabo para enfrentar a la delincuencia: primero está
la acción preventiva, ya luego se pasa a una labor judicial, y
finalmente a una labor ejecutoria. Por eso resulta muchas veces
difícil que un delincuente llegue a la cárcel, porque para ello,
luego de consumado el hecho, se tendrá que “filtrar” ese delito,
porque tiene que existir la denuncia ciudadana, el apresamiento
del que delinque, la puesta en manos del delincuente ante la
justicia, llevar a cabo todo un proceso judicial al mismo, y
luego tener que llevarse a cabo una labor ejecutoria de la
sentencia que condene al delincuente.
Sin mencionar en cuenta
el coste que finalmente supone al estado encarcelar durante el
tiempo que dure la pena al que haya infringido la ley. Cada uno
de estos procesos hace que, no solamente sea numéricamente
imposible que el 100% de los delitos que se cometan, se llegue a
condenar y a ejecutar la pena al 100% de los infractores.
Haciendo un esquema
ejemplificativo, imaginemos que se cometen 50 delitos, se
denuncien 40 de ellos, la justicia condene a 30 de ellos, y
finalmente 20 de ellos completen una condena. De los 50 delitos
originales, solamente 20 violadores de la ley resultan
condenados por sus hechos delictivos, y 30 de ellos habrían
burlado la política estatal.
Para que las políticas
estatales funcionen, se necesita que el estado invierta en cada
una de las etapas que anteriormente mencioné, y sin quererlo,
debo de recordar que tenemos la capacidad económica limitada, ya
que el gobierno debe de invertir en salud, educación, turismo,
transporte, y demás campos, que restringen considerablemente los
márgenes de actuación del gobierno.
Pero si tenemos este
problema, que deberemos ir solucionando paso a paso, sería
interesante cuestionarnos sobre la necesidad de invertir de
manera significativa en la prevención del delito, esto es, tomar
una política enérgica a priori, más que a posteriori. Mejor
evitar un delito, que sancionarlo luego de consumado. En
realidad a la sociedad le interesa que no se cometa el delito,
más que la sanción del mismo.
Mediante la prevención
del delito, se estaría haciendo una disuasión del mismo, y el
coste social final que suponen los delitos se verían reducidos
significativamente.
Por ello, la política
estatal en este sentido debe estar destinada a la inversión en
equipamiento tecnológico y logístico de la policía, en la
capacitación profesional de los mismos, y sobre todo, en aumento
sustanciales de los sueldos que devengan. Por sobre todo, con
especial énfasis en nuestra provincia, la cual vive directamente
del turismo, y el daño que se haga al turismo tiene un riesgo
sistémico en todas las demás áreas económicas, dándose un efecto
dominó.
Si baja el turismo, se
cobra menos impuestos aéreos, no se llenan los hoteles, se
empiezan a despedir camareros, el restaurante de la esquina
vende menos, y el motoconcho ofrece menos servicios.
En esta nueva etapa
gubernamental, si bien es cierto llegarán nuevos problemas que
deberán ser enfrentados con actitud, no menos cierto es que la
seguridad ciudadana significará uno de esos problemas que deberá
atenderse con suma prioridad.
Un primer paso para ello
podría ser enfrentándolo desde el ámbito provincial, mediante
una cumbre de síndicos municipales, diputados, cuerpos
policiales y militares, el senador, gobernador y la sociedad
civil, donde cada parte colabore en la medida posible para
enfrentar la problemática, donde se tomen medidas conjuntas para
aplicar un programa eficaz en contra de la delincuencia.
Pero que de
hacerse una cumbre, se tomen acciones reales, efectivas,
contundentes (las buenas intenciones y las bellas palabras no
bastan, se las lleva el viento. Por demás está decir que son
hijas del olvido). Animemos a nuestros representantes, nos
beneficiaríamos todos.
El Autor es Abogado.
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