Dieciocho heridos, una
residencia destruida y varios pequeños negocios
seriamente dañados fue el resultado de la explosión
de una planta envasadora de gas la semana pasada en
un sector de la carretera de San Isidro.
¿Y cómo es posible que residencias, pequeños
negocios y ciudadanos de a pie coexistan con una
planta envasadora de gas propano?
Pues lo cierto es que en nuestro país todo es
posible.
Hace mucho tiempo que tenemos leyes, reglamentos y
normas pero sólo para que reposen en los papeles,
puesto que ni al gobierno central ni a los
ayuntamientos parecen interesarles tales leyes,
reglamentos y normas.
Pero resulta que gobierno y ayuntamientos se deben a
la ciudadanía y que no es posible ejercer plenamente
nuestros derechos de ciudadanos y ciudadanas si
ellos no hacen cumplir las leyes, normas y
reglamentos concebidos para facilitar la
convivencia cotidiana.
Es decir, si no hay quien haga saber a los dueños de
envasadoras de combustibles, de malhadados
colmadones, lavaderos de carros, “liquor stores” –y
cuanto negocio pueda pensarse— que sus derechos a
negociar terminan donde comienzan los derechos de
los demás ciudadanos y que, por tanto, no pueden
instalarse donde les dé la gana y como les dé la
gana.
Más aún, los ayuntamientos y las instituciones
gubernamentales correspondientes están para
garantizar un ordenamiento territorial y social que
garantice los derechos de todos y todas e impidan
los abusos. Esto es, los cabildos no pueden
facilitar permisos de instalación de manera alegre y
desconsiderada a negocios cuya actividad colida con
los derechos de los residentes del lugar de que se
trate.
Quien estas líneas escribe, por ejemplo, padece en
carne viva, junto con los demás moradores de Villa
Alejandrina Segunda, en el sector 30 de Mayo, en el
Distrito Nacional, lo que representa el desorden que
hace infelices a tantos dominicanos y dominicanas en
barrios y pueblos.
Allí se ha instalado un “car wash-liquor store-banca
de apuestas-centro de diversión nocturna-freiduría y
dios sabe cuántas cosas más” llamado El Metro (vaya
la ironía) y con él se instalaron también el sucio,
el escándalo, los problemas de estacionamiento y las
desgracias de quienes aquí residimos.
Otro caso: recientemente, un estudiante de Pantoja
(Santo Domingo Oeste) se me quejaba de cómo para
poder leer o estudiar debía abandonar su sector,
donde se lo impiden los ruidos infernales de
colmaditos, colmadones, “car washes”, etcétera,
etcétera. Síntomas todos, sin dudas, de una sociedad
en peligro de disolución.
Los ricos se fueron a sus “penthouses” y villas; la
clase media alta y los altos y medios funcionarios
gubernamentales y municipales también se fueron a
los suburbios. ¿Y la clase media baja y los pobres?
¿Quién vela por su derecho a la tranquilidad, a
vivir con decoro y respeto?
Necesitamos instituciones que hagan cumplir las
leyes, normas y reglamentos de que disponemos; que a
la hora de tomar decisiones que afecten a las
comunidades pidan a éstas su parecer; que en unión
con las organizaciones comunitarias garanticen los
derechos ciudadanos mediante una real gestión y
supervisión de lo que ocurre en nuestros barrios;
que realicen campañas serias de educación ciudadana;
en resumen, que organicen nuestra sociedad de tal
modo que podamos decir que vivimos en una sociedad
civilizada.
Se habla mucho de la crisis económica, pero ya es
hora de que prestemos más atención a esta permanente
crisis social e institucional en que vivimos.
