Por años el pueblo dominicano ha venido padeciendo, sin consuelo alguno, un trastorno crónico en el servicio de electricidad. Un insumo imprescindible para la producción y el modo moderno del vivir. Gobierno tras gobierno han alimentado la ilusión en la población de una solución veraz y definitiva de este incordio nacional. Y casi siempre quedamos seducidos con cada solución pretendida y anunciada. La energía nuestra se ha convertido en potro de rodeo, que siempre concluye con el jinete en el polvo.
La reciente y maratónica reunión de los representantes del BID y el BM con el presidente y los funcionarios dominicanos nos ha traído, como flautistas, un nuevo ofrecimiento de solución del problema en dos (2) años y medio. Y pretenden los extranjeros traer, con cinta y moña, “una solución definitiva de la enmarañada cuestión eléctrica” en el término de dos (2) meses. Lo que nos ha tomado más de veinte (20) años de búsqueda ahora lo tenemos en la sala. En el comedor veremos el menú que se nos pretende servir.
Lo que llama la atención en los comentarios emitidos por los funcionarios extranjeros es una observación que hicieron, ya casi en marcha de retiro, de que el Plan que se proponen presentar al Estado debe ser “acogido en todas sus recomendaciones para ser efectivo”. Es un dardo, sin dudas.
Los organismos internacionales, desde antes de la crisis financiera actual, obraron siempre bajo el prisma ideológico de la privatización absoluta como remedio universal para cada problema. Y aunque las soluciones a la crisis de Madoff han incluido medidas de estatización en los propios EE.UU., sin que estos organismos hayan expresado un “jipio”, no conocemos un solo planteamiento de los mismos en los que las orientaciones que ofrecerán a nuestros países asuman la moderación en el concepto de la relación Estado-mercado. Vale decir, entre el interés público y el interés privado.
Queremos y necesitamos una solución auténtica del problema energético nacional. Pero no a condición de sodomizar el interés público a cambio de panaceas. Deberíamos procurar un punto de equilibrio que permita a la inversión privada realizar negocios con la electricidad en un ambiente de garantías mutuas. El Estado nacional tiene un capital invertido en el área, como las presas y las líneas de transmisión, que deben ser respetadas, al menos en esta etapa de tensión financiera del sector.
La sugerencia de los enviados del BM y del BID de aceptar, sin que sepamos aún qué, sus recomendaciones de un todo a condición de eficiencia, debería acompañarse, entonces, de ciertas garantías de esa eficiencia prometida y no controvertida. Y que no nos empujen, nueva vez, al juego aquel de la “mano invisible” y desregulada que nos ha herido las remesas, el turismo y las zonas francas impunemente.
Que no nos vengan con el espejito mágico de Blanca Nieve. Ya basta.
