UNA LECCIÓN DESDE VALLEJUELO
Por: Ramón Tejeda Read
Miércoles 05 de Noviembre de 2008
En la perspectiva del pasado 23 de octubre escribí:
“Siempre he creído que la solución de muchos de los
problemas ciudadanos sólo es posible mediante un serio matrimonio entre
el Estado y las organizaciones comunitarias. Es decir, que el buen
gobierno no puede hacerse al margen de instituciones tan necesarias.
Sólo mediante el trabajo comunitario —esa labor de
hormiga que llevan a cabo hombres y mujeres pertenecientes a la
comunidad— se puede llegar a tiempo a los ciudadanos, de manera eficaz e
integral y con el mínimo de costos.
La comunidad es el espacio en que convergen todas
las políticas públicas, tanto estatales como municipales. En
consecuencia, es allí donde se encuentran las instituciones y en donde
se comprueba finalmente la eficacia y pertinencia de sus iniciativas. De
paso, es en la comunidad donde se llevará —o debía llevarse a cabo— la
debida contraloría social”.
Pues bien, las monjas de la Congregación de las
Hermanas Dominic y la Junta de Agricultores de Vallejuelo, en San Juan
de la Maguana, han venido a demostrar que no andamos descaminados
quienes así pensamos.
Monjas y agricultores denunciaron en junio pasado
la estafa que pretendían cometer contra el Estado algunos de los
encargados de reportar a la Secretaría de Agricultura la cantidad de
cebolla pesada y recibida de los agricultores.
Según ha informado el secretario de esa cartera, se
había reportado la compra de 204 millones de pesos, pero la cantidad
real eran 124 millones, de los cuales ya la institución ha pagado 46.
Los 80 millones de diferencia se quedarían entre
personas que se hicieron pasar como productores de cebolla y que fueron
incluidos en la lista de acreedores por responsables de la Secretaría de
Agricultura que han sido cancelados, según informó el secretario
Salvador Jiménez.
Pero ha sido la acción responsable de las monjas de
la Congregación de las Hermanas Dominic y la Junta de Agricultores de
Vallejuelo la que ha defendido al Estado y los derechos de los
productores y han demostrado que lo único que puede hacer frente
realmente a la corrupción es la acción de la comunidad a través de sus
instituciones.
Es decir que, como advertí en aquella Perspectiva
del 23 de octubre pasado, “mientras no haya desde el Estado y los
gobiernos municipales una política de permanente ayuntamiento con las
organizaciones comunitarias más allá de las banderías de toda laya,
estoy seguro de que no hay que hablar de desarrollo social ni cosa por
el estilo y seguiremos derrochando recursos en iniciativas llamadas a no
tener permanencia en el tiempo”.
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