Pecaron, habrán de confesar –si no lo han hecho ya-, y de confirmarse su fe religiosa, porque actuaron con desamor al prójimo integrado por mujeres y jóvenes parejas.
Ignoraron la vida cotidiana de sus votantes, gobernados y mandantes, ya que, puestos a escoger, prefirieron votar contra las mujeres y jóvenes parejas que les hicieron, con sus votos, diputados y senadores.
Con el SI condenaron a muerte a mujeres inocentes e indefensas, que padecen cardiopatías grado cuatro, preclamsia severa, diabetes, problemas renales, embarazos ectópicos o con cáncer, sometidas a radio o quimioterapia.
Jóvenes formados en el catolicismo, jóvenes parejas y mujeres evangélicas con los que he conversado en estos días me han transmitido su espanto e indignación por la aprobación del artículo 30 porque han comprendido que se les quiere arrebatar la soberanía de sus cuerpos (eventualmente la vida de su querida esposa) y desconocer sus derechos sexuales y reproductivos. Con satisfacción les he escuchado decir que son conscientes de que para ser padres y madres responsables, proveedores adecuados de afecto, atención y protección a sus hijos, deben planificar su familia. Algunas jóvenes, estudiantes universitarias y profesionales, me manifestaron su temor de que en un futuro se les quiera impedir trabajar como en algunos países islámicos fundamentalistas, bajo el alegato de que es mejor quedarse en casa cuidando muchachos. Están aterrorizados y dispuestos a defenderse de tales atrevimientos legislativos.
Los asambleístas confundieron su condición de empleados excepcionales del Estado con la de miembros deliberantes de alguna iglesia. Utilizaron al dios de su religión y en su nombre aprobaron un mandamiento impracticable –porque nadie está obligado a lo imposible; se mostraron carentes de fe en la humanidad de cientos de miles de mujeres y parejas jóvenes, al negarles esperanza de vida y no mostraron piedad ante el sufrimiento de enfermedades que acarrean la muerte de no interrumpir el embarazo.
Las religiones, ansiolíticos formidables del alma, son útiles a los ciudadanos y ciudadanas, pero algunas, por su naturaleza excluyente y dogmática son proclives al conflicto y a la demonización de todo aquel o aquello que esté fuera de ellas, por lo que el Estado y sus servidores deben tener muy claro al legislar, juzgar y ejecutar, independientemente de sus creencias, la naturaleza laica arbitral del Estado frente a todas las religiones, para poder evitar los excesos que espontáneamente aparecen en sus prácticas desrreguladas y proteger así la convivencia de todas las creencias religiosas o no y los derechos de todos y todas en paz y respeto. La actitud debe ser la misma que se reclama del Estado frente a las llamadas fuerzas del Mercado. El Estado, para ser eficaz y justo, debe regular el Mercado, debe cuidarse de no dejarse secuestrar por ningún sector, guardar las debidas distancias, para lograr una convivencia civilizada, armónica y próspera, es decir, el bienestar de la sociedad.
Ese fue el gran error de los asambleístas: olvidaron que el propósito de toda nueva Constitución será siempre mejorar la convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas, expandir las libertades y reconocer nuevos derechos. La aprobación del artículo 30 traerá desasosiego, conflictos y menos libertad a muchas familias dominicanas, en especial a las mujeres y jóvenes parejas.
Imprudentes y temerarios, en lugar de dar paz y acercar mortales a su dios, los asambleístas han provocado indignación y rechazo de muchos fieles a sus iglesias.
En una entrevista concedida al diario español El
País y publicada justo ayer, Juan Masiá, sacerdote
jesuita español radicado en Japón, una eminencia
católica en el campo de la bioética, comentaba:
“La pregunta no es si ha comenzado o no una vida
humana, sino en qué casos y con qué condiciones de
seguridad jurídica se puede interrumpir el proceso
de una vida naciente (en camino hacia el
nacimiento), sin hacer violencia al respeto debido
tanto al feto como a la gestante. Es lamentable que
no se pueda debatir serenamente sobre estas
cuestiones. Tengo mucha confianza en que hay
bastantes parlamentarios, tanto en el partido del
Gobierno como en la oposición, y tanto de una
confesionalidad como de otra o de ninguna, que
coinciden en el sentido común, en la responsabilidad
en cuestiones de Estado, en hacer compatible la
defensa de la vida con la despenalización y la
seguridad jurídica de madres y profesionales de la
sanidad.” (elpais.com, 25/4/09)
Los asambleístas tienen la oportunidad de recapacitar, de arrepentirse y en un acto de contrición pública, rechazar en segunda lectura votando NO al artículo 30.
