REFORMA Y SEGURIDAD SOCIAL

Por: Rafael Sánchez Cárdenas 

Martes 16 de Diciembre de 2008

Todos los sectores nacionales miran, piensan y golosean, cual niños en Reyes, el oro brillante en que se han transformado los fondos de Pensiones y Jubilaciones de la Seguridad Social dominicana. Una riqueza hecha, al destile, del sudor de obreros y empresas, los dueños reales del oro: RD$ 68,000,000,000. Lean bien, sesenta y ocho mil millones de pesos.

Tanto dinero ha estado guardado en la banca local, quien lo capta, por varios años, generando intereses muy bajos, que rondan del 4% al 5% anual. Nunca más de ahí. Pero resulta que la inflación nacional supera siempre esas tasas, con lo cual se puede concluir, fácilmente, que esos fondos vienen sufriendo depreciación continua desde siempre. Y los dolientes, los preocupados, los políticos de todos los colores, las sotanas, los hacedores de opinión pública, empresarios, en fín, el gallinero criollo, en el buen sentido aclaro, permanecen tranquilos. Una opinioncita aquí, una quejita allí. Como para dejar constancia de la aflicción.

El Presidente ha hecho público su apetito. Y, qué bien!. Enhorabuena. El Estado mismo no cumple con la ley de seguridad social en la entrega de los fondos que debiera transferir. Pero, ¿invalida esto la intención presidencial de usar esos fondos en viviendas sociales y obras públicas?. ¿Podría usarse ese dinero en la construcción de torres de apartamentos para profesionales y clase media, casas económicas o de nivel medio, según los casos, para ciudadanos interesados o viviendas para fines sociales pagadas por el Estado?. ¿Es posible proveer financiamiento blando a la pequeña y mediana empresa, que ofrezcan mejor rendimiento de los recibidos por los fondos de pensiones actualmente? Sin ninguna duda.

El problema está en los procedimientos, controles y a quién, cómo y quién tiene el poder de decidir y/o recibir el uso de los recursos. El Estado nuestro no puede, ahora, atribuirse el poder absoluto sobre los fondos, enteramente ajenos a él, mediante el sólo recurso de la mayoría parlamentaria, sin romper el consenso social necesario para su uso en condiciones de legitimidad absoluta y rentabilidad o retorno garantizado.

¿Permite la Ley actual conocer y aprobar, por proyectos específicos y concretos, técnicamente evaluados y que ofrezcan las garantías debidas, la necesaria movilización de esos recursos?

La oposición política y el partido de gobierno debieran, con responsabilidad, tomar este tema, urgente y necesario, como punto de partida hacia la búsqueda de los pactos políticos, económicos y sociales imprescindibles para el desarrollo nacional. Asegurar los terrenos vitales a la República mediante el consenso. Es la forma más digna de hacer política. La pradera del discenso local es demasiado grande para procurar cada quien su mejor pesca, fuera del oasis de la unidad nacional.

Publicado con autorización expresa de los autores. www.perspectivaciudadana.com