POLITIZAR Y CRIMINALIZAR LAS PROTESTAS
SOCIALES
Por: Roberto
Rodríguez-Marchena
Lunes 16 de Marzo de 2009
Tentación y riesgos, las dos.
La tentación de siempre: El gobierno acusa al
partido opositor de incitar, financiar y dirigir las protestas sociales.
En la cabeza del funcionario público no cabe que los gobernados estén
descontentos con las “acertadas políticas públicas” y se lancen a
protestar.
No es de extrañar que el partido opositor se oponga
a las políticas públicas que entiende equivocadas, pero la experiencia
indica que casi siempre actúa con rezago y en complicidad con el poder,
facilitado por el poder. La oposición aprovecha la oportunidad del
descontento y su manifestación callejera para colarse/colocarse a su
cabeza. Entiende que así se sitúa en mejor posición para la próxima
cosecha de votos. Los sindicatos, las juntas de vecinos y vecinas,
comités de amas de casa, acompañantes cotidianos de la gente, quedan, de
repente, desplazados, pierden su “ganada” condición de interlocutor
frente al poder.
Este proceder muchas veces ha funcionado, gobierno
y oposición lo saben, pues para beneficio del gobierno, mucha gente se
espanta, no quiere que sus reivindicaciones sociales sean
instrumentalizadas por partidos políticos o llevadas a la confrontación
política, cuando su intención es puramente económica y social. Y de ahí
no pasa. La oposición gana visibilidad y, en algunos casos, legitimidad.
Pero esta resolución del conflicto social –la
politización- promovida desde el gobierno y aceptada de buena gana por
la oposición tiene sus riesgos: para el gobierno, que el conflicto se
extienda y para la oposición, ser desbordada por los acontecimientos.
En muchas partes del mundo, la gente ha comenzado a
salir a las calles a reclamar acciones de los gobiernos pues su
bienestar ha sido o está siendo seriamente lesionado. Desde hace meses
esto se veía venir. Varios gobiernos – Bélgica, Islandia, Letonia,
Irlanda- han dimitido y otros –Grecia, Hungría, Ucrania, Rumania,
Polonia, Francia (Guadalupe), España, Puerto Rico- están en apuros.
Si las dificultades económicas se prolongan y se
profundizan como prevén muchos economistas hasta entrado el año que
viene, el acostumbrado recurso de politizar –gobierno y oposición- el
descontento social y las protestas sociales podría crear riesgos a la
gobernabilidad y afectar la batalla contra la recesión, porque a
criminalizarlas hay sólo un paso, el tiempo, lo que es muy peligroso.
Recién salidos de una Cumbre, en la que el gobierno
dominicano buscó posicionarse ávido de escuchar y atender reclamos y
urgencias de los gobernados, resulta sorprendente este
desposicionamiento gubernamental hacia la beligerancia, cuando aún
conserva la iniciativa política.
A mediano y largo plazo, así las cosas y como
podrían estar, es políticamente más prudente mantener el descontento y
la protesta en el nivel que está y buscar, el gobierno, un
entendimiento/satisfacción con las organizaciones comunitarias. El
gobierno debería saber que los comunitarios son mejores interlocutores
que los políticos de la oposición.
Cabeza fría, cabeza fría!
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