OPINIÓN PÚBLICA Y DEMOCRACIA
Por: Rafael Sánchez Cárdenas
Viernes 29 de Mayo de
2009
En la sociedad moderna el ejercicio de la opinión
es derecho y deber del ciudadano. Y estos derechos y deberes han ido
creciendo en la medida en que las sociedades se han ido desprendiendo de
los controles y restricciones heredados de un pasado autoritario.
La modernidad nos ha traído la conversión del
individuo, del ser humano, en ciudadano. El derecho a opinar,
libremente, ha pasado a ser un corolario del estado de derecho. Pero
este derecho de opinión, tan exaltado a veces, esconde en sus entresijos
intereses y limitaciones enormes para el ejercicio real del pensar y
opinar ciudadanos.
La llamada opinión publica, ese campo de juego
abierto a la confrontación y debate en busca de entendimiento o control,
si bien es un magnifico espacio para contrastar las ideas, no menos
cierto es que la misma esta reservada a la expresión de los núcleos
intelectuales, económicos y políticos, que han hecho de esta un casino
permanente y dinámico de apuestas por los intereses de cada quien. El
fruto de este juego suele ser la fuente de las percepciones y opiniones
que la gente se forma sobre cada tema de debate.
La conformación de esta opinión del ciudadano
guarda una estrecha relación con su nivel educativo, la calidad de la
información recibida y las posibilidades de socialización de la misma. Y
es ahí donde podemos encontrar las fronteras de la llamada libertad de
opinión.
En sociedades con marcado atraso educativo y
desigualdades sociales profundas, como la nuestra, el ejercicio de la
democracia política es definitivamente débil y fácil presa de la
manipulación mediática.
La llamada opinión pública es en primer lugar
opinión mediática. Es decir, es una opinión producida mediante el
recogimiento de los criterios de los poderes centrales de la sociedad a
las cuales se le atribuyen relevancia, noticiosidad y significado para
ser servidos al conocimiento público. El poder sobre los medios de
comunicación ofrece el filtro decisivo en la modelación de la opinión
pública. Y una ciudadanía construida en la precariedad y la exclusión
difícilmente pueda alcanzar el empoderamiento necesario para mediante su
opinión ejercer control sobre el poder político y económico.
Es justamente en ese contexto donde el partido
político y la organización de la sociedad civil adquieren relevancia
estratégica para el ejercicio democrático.
La organización civil y los partidos políticos, en
tanto estructuras que reúnen intelectuales, técnicos y ciudadanos en
general, son las instituciones a las cuales la sociedad en su conjunto
deberá defender como recursos imprescindibles para el desarrollo
democrático. La democracia dominicana sin partidos fuertes y sin
sociedad civil organizada solo ofrece un panorama berlusconiano. Una
corporación mediática y un héroe político capaz de conmover al
ciudadano-espectador con las mejores técnicas del marketing político.
Frente al poder de la opinión mediática las
sociedades de la precariedad deberían apostar por la institucionalidad y
la contención del papel de los individuos sobre las instituciones
políticas y civiles.
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