LA AUTORIDAD Y LOS SUELDOS

Por: Rafael Sánchez Cárdenas

Viernes 13 Marzo de 2009

Un momento como éste, de incertidumbre colectiva sobre el desenvolvimiento económico futuro, de crisis en curso, obliga a todos a la cordura. A la reflexión sobre los gastos familiares y personales. A la constricción.

Parte significativa de la población vive ya, día a día, la penalidad que el desempleo y el subempleo significan. Un recogimiento compulsivo. La ausencia de ingresos que ello comporta explica la fuerza poderosa de la informalidad económica a nivel nacional, que crece cual plaga social. La búsqueda desesperada de los recursos necesarios para la sobrevivencia propia y de la familia.

Los reportes sobre las recaudaciones estatales apuntan a su disminución progresiva, pareja con la caída de la demanda. Las ventas de las empresas caen, consecuentemente, por la frialdad de los consumidores. Tanto las empresas como el erario público empiezan a resentirse ante la crisis en marcha.

En medio de estos tormentos y preocupaciones colectivas surge en las instancias estatales un movimiento en vía opuesta: funcionarios y representantes políticos procuran aumentos de los sueldos propios. Autoasignados. Cada uno en procura de lo suyo, con anteojera. Y la ciudadanía observando.

La representación del pueblo luce desviada del interés público, de su estado de ánimo. Por un lado se pide a la población comprensión, moderación, que ya no puede ser mayor, mientras por su lado congresistas, funcionarios y ediles promueven aumentos de sus ingresos sin el menor empacho. Como infantes: tu juguete es el que quiero. Senadores piden sueldos de diputados. Regidores aspiran a salarios de alcaldes. Aunque los fondos públicos mengüen. Y en medio de todo, que siga el descorche.

Cada día, la sintonía entre la autoridad pública y la población se desvanece más. Los signos de que la autoridad se ocupa más de mejorar y engordar la hacienda propia, de cada cual, son muy evidentes. Mientras la comunidad nacional acomoda la carga indeseable de la crisis, las autoridades, en toda instancia, requieren más recursos del bolsillo ciudadano. Y para el reparto en mejores sueldos y complementos.

Los partidos políticos, que están llamados a ser los interlocutores entre el pueblo y la estructura gubernamental, han perdido su espíritu de cuerpo, su ser institucional, para ceder el espacio a las individualidades. Y peor aún, al espectáculo como norma de legitimación.

¿Es posible movilizar el compromiso colectivo desde una perspectiva como esa?. Seguro que no. Más bien podemos ver una comerciabilidad del pensamiento y el accionar político profundamente dañino para el desarrollo democrático del país, en la medida en que la representación popular o administrativa soslaya el pensar y el sentir de la gente sobre las prioridades del manejo de los recursos públicos.

La política dominicana es, definitivamente, clientelar. Sueldos para los clientes, allí está el secreto.

Publicado con autorización expresa de los autores. www.perspectivaciudadana.com