Pasados los años, incomprensiblemente, hemos venido a conocer mediante el sometimiento ante los tribunales, hecho por el Departamento de Prevención de la Corrupción, un pasaje insólito en la administración del interés público.
Sucedió el hecho durante la gobernación del Banco Central de Don José Luis Malkun, relacionado con la crisis bancaria del año 2003 en la que el Bancrédito y el Grupo Financiero Nacional recibieron un conjunto de adelantos de fondos provenientes de las arcas del Banco Central por más de diez mil millones de pesos, a condición de entregar garantías en acciones del Grupo Nacional, seis pagarés y una cuenta por valor de RD$1,800 millones de pesos.
Hecho el acuerdo, el Grupo Nacional entregó al Banco Central las certificaciones de garantías estipuladas en el convenio, con lo cual se protegían los fondos públicos entregados. Así se consigna en los documentos del archivo de la consultoría jurídica del Banco Central, que dirigía el Dr. Manuel Rubio.
El desastre financiero de entonces lanzó a la pobreza a millones de dominicanos. Miles de empresas y negocios de todo género se fueron a la quiebra. El esfuerzo de años de trabajo de ciudadanos, familias y empresas evaporado. Y sin garantía alguna.
Para sorpresa de todos hoy nos enteramos que el Banco Central devolvió al Grupo Financiero Nacional los pagarés y acciones que servían de garantía de los adelantos concedidos y, con lo cual, el Estado hubiera podido resarcir esos fondos pendientes de pago. ¡Insólito!, sin dudas. El Banco Central puso el tocino al cuidado del perro. Guárdalo tú, le dijeron al Grupo Financiero Nacional. Y entregaron los pagarés.
¿Conoce usted una historia semejante en la vida económica de alguna Nación que se precie de vivir bajo derecho?. El Dr. Rubio, hablando en Uno+Uno, alegaba, turbado diría yo, que si él no dejaba, bajo su firma, una comunicación en el Departamento Jurídico del Banco Central nunca se hubiera conocido de los hechos relatados.
He aquí un grosero ejemplo de la debilidad institucional dominicana.
