No todos los días se habla o anda uno preguntándose sobre si tienen o no derecho a  ir a escuelas dominicanas los hijos e hijas de haitianos pobres indocumentados nacidos en nuestro país. No es un tema de conversación. Quizás por los muchos quehaceres de la vida cotidiana o, como he descubierto, porque ni siquiera nos imaginamos que a alguien se le pueda ocurrir impedirle a esos niños ir a la escuela. Se sobreentiende de que si viven en nuestro país, irán a la escuela como los dominicanos.

Pues no. Sucede que por los debates que vienen teniendo los asambleístas, senadores y diputados, nos enteramos de que uno de los artículos propuestos, el número 52 de la nueva Constitución sometida por el presidente de la República, pretendía impedirle estudiar a los hijos de padres indocumentados, entiéndase: hijos de haitianos pobres. ¡Increíble! ¿Qué culpas o delito ha cometido un niño por encontrarse su padre o madre trabajando/residiendo sin papeles en nuestro país que merezca el castigo de negarle la educación?

El artículo 52, la versión original propuesta, decía: “Los dominicanos y los extranjeros residentes legales en el país tienen derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.”

La propuesta fue derrotada. Por iniciativa de la asambleísta y senadora por la provincia de Santo Domingo, maestra y peledeísta Cristina Lizardo, secundada por sus compañeros del PLD y de perredeístas y reformistas, el artículo 52 fue cambiado, eliminándose la exclusión contenida en “extranjeros residentes legales”. Ahora dirá: “Todas las personas tienen derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. A mi juicio, de más estaba agregar “sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”, pero a los asambleístas les pareció inofensivo.

Esa noche, al seguir la noticia por los telediarios, me detuve en el informativo que dirige el cubano Roberto Cavada, de excelente factura y muy ameno. Roberto quería saber la opinión de sus televidentes sobre lo que acababa de ocurrir en la asamblea, si, como venían de decidir los asambleístas, entendían ellos que todos los niños y niñas, sin importar que sus padres fueran “extranjeros residentes ilegales” tenían derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidad”. Enseguida invitó al público a llamar y a comentar la noticia.

Todas las llamadas respaldaron la decisión de los asambleístas. Humanidad y sentido común en las respuestas: “¿Cómo se les va a negar? Son seres humanos”, dijo una. “¿Y por qué se les iba a impedir?”, comentó otra. Si viven aquí, conviene que vayan a la escuela, eso nos beneficia a nosotros”, razonó una que, con toda seguridad entiende mejor los temas de competitividad que muchos de los que pontifican por ahí. No hubo un comentario que pudiera avergonzar nuestra condición de pueblo solidario, civilizado y educado en el aprecio por los derechos humanos, los nuestros y los de otros  pueblos del mundo.

Luego de esta gran victoria sobre la exclusión, de la gallardía con la que 32 valientes enfrentaron la barbaridad del artículo 30 y la indignación generalizada de jóvenes parejas y mujeres, me permito alentar a los asambleístas a seguir eliminando el absurdo, el atraso y la negación de derechos contenidos en otros artículos de la nueva Constitución y a actuar con cariño y respeto por sus representados.