Opinión
 

EDUCACIÓN, VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA

Por: Ramiro Francisco
Jueves 30 de Julio de 2009

El desconocimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04) y el uso y aplicación de la misma, facilita al funcionario  continuar en el mal desempeño de sus responsabilidades.

Si bien es cierto que  la aprobación de esa Ley coloca a nuestro país en un lugar privilegiado y de vanguardia en América Latina, no es menos cierto que existe una dejadez de las mismas autoridades (no todas) en propiciar, fomentar campañas educativas para el conocimiento de la misma como lo hacen otras naciones del continente.

Tenemos entendido, que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Institucional USAID junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia informan sobre la puesta en circulación del Manual Teórico-Práctico de Libre Acceso a la Información Pública a los fines de capacitar a funcionarios y representantes de la sociedad civil en el correcto uso de la ley, no solo para los periodistas sino para cada uno de los ciudadanos.

Recientemente, el movimiento cívico Participación Ciudadana al dar a conocer un monitoreo realizado en diferentes instituciones públicas sostiene que todavía muchos funcionarios mantienen la cultura del secretismo y el ocultamiento consciente en las entidades oficiales que dirigen, en violación a la Ley 200-04.

El propulsor de la referida disposición legal José Tomás Pérez actual director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) sostuvo recientemente que ¨¨es todo un proceso y ha habido que educar tanto a funcionarios como a empleados sobre la necesidad de que entiendan que no debe haber secretos en la administración pública¨¨

Con todo,  justo es reconocer que en muchas dependencias estatales tienen en funcionamiento la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. Es precisamente mediante esa Oficina que funciona en el Senado de  la República que el movimiento cívico Participación Ciudadana obtuvo las informaciones necesarias sobre las asignaciones a las Oficinas Senatoriales, revelando por igual la resistencia, informaciones incompletas y un porcentaje muy bajo referente a la calidad de las respuestas obtenidas.

Es mediante ese valioso informe de Participación Ciudadana que la sociedad dominicana conoce de la asignación mensual que reciben todos los senadores.

El senador de la provincia de Puerto plata Francis Emilio Vargas Francisco recibe de sueldo base 125 mil pesos, por gastos de representación 50 mil, por viáticos 25 mil, 3 mil 500 por dieta por sesiones, para el funcionamiento de su Oficina 190 mil pesos mensuales, de gestión provincial 710 mil, siendo un total de 1 millón 103 mil 500 pesos mensuales.

Cuando cada ciudadano esté al tanto de cuanto ocurre en las instituciones estatales podrá asimismo convertirse en eterno vigilante y demandante de la aplicación de la Ley

El programa de televisión MATINAL 3 se propone realizar una serie de jornada de educación sobre esta importante ley.

Este viernes a las 8 PM estaremos en el salón del Honorable Ayuntamiento o en su defecto en Casa de Cultura, donde tendremos un coloquio-conversación sobre la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. Todo ciudadano puede darse por invitado. Les esperamos.

 

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