COMISIÓN DE ÉTICA Y DE AUDITORÍA SOCIAL

Por: Ramón Tejeda Read

Jueves 25 de Junio de 2009

Lo ocurrido con las Comisiones de Ética y de Auditoría Social es patético y sirve para darnos la magnitud de nuestro fracaso en la materia llamada transparencia.

Las de Auditoría Social fueron el intento natimuerto de dar participación a las organizaciones de la sociedad (juntas de vecinos, ONG, iglesias, gremios…) en la gestión de los proyectos de desarrollo de provincias y municipios.

Pero no pasaron de la letra del Decreto que las creó a mediados de la administración PRD 2000-2004. Ahí nacieron y ahí murieron.

Pero no desaparecieron ni morirán las ganas de la sociedad de participar en la gestión de los procesos de gobierno y todos creímos que las Comisiones de Ética, creadas por decreto de la administración Fernández 2004-2008, pasarían a llenar aquel vacío, pero pronto se desvanecieron nuestras esperanzas.

Los esfuerzos de la Comisión de Reforma del Estado, que llegó a reunir aquellas comisiones y a tratar de hacerlas funcionar, han sido fulminados con una sentencia lapidaria: es que al Estado dominicano “le falta organización y disciplina”.

En realidad, estas comisiones, que están llamadas a jugar un papel estelar en la gestión y contraloría social de obras y procesos de desarrollo chocan de frente con las prácticas personalistas que permean todo el tejido social y estatal.

Los esfuerzos de la Comisión de Reforma y de la Comisión de Ética del gobierno nada pueden contra los hábitos inveterados de manejo personal de las instituciones y contra los deseos de quienes las consideran un estorbo.

Faltas de un real apoderamiento de donde debe llegarles, su misión se dificulta y, finalmente, se diluyen en la inacción. Así, mientras la prensa da cuenta de  las malas acciones  aquí y allí, las comisiones de Ética están “en Belén con los pastores”. ¿Y qué de las oficinas de Acceso a la Información Pública, creadas por Ley?

Pero el problema hay que buscarlo en otro lugar, esto es, en el mismo sistema que impide que funcionen realmente los Consejos de Desarrollo Provincial y Municipal y demás instituciones destinadas a descentralizar, transparentar y democratizar la administración y la gestión estatales.

Es decir, que por más leyes y decretos y constituciones que nos demos, ninguna funcionará si no hay el REAL apoderamiento que les permita materializar los deseos que se expresan en la letra de las disposiciones que les dan existencia. Ni más ni menos.

Publicado con autorización expresa de los autores. www.perspectivaciudadana.com