El centenario de Juan Bosch debería servir para recoger uno de sus más preciados legados: la promoción de la institucionalidad.
“En República Dominicana ya es hora de que gobiernen las instituciones, no los hombres”, dijo a una revista puertorriqueña al comenzar en la patria de Hostos su segundo exilio, tras el golpe de Estado alevoso.
“Un partido no puede sustentarse en un líder, que es perecedero”, afirmó en unas declaraciones publicadas por El Nacional de Caracas, el lunes 28 de noviembre de 1966.
Y, si bien unos no comprendieron, muchos no compartieron y otros tergiversaron ese legado, lo cierto es que en todo momento fue un promotor y un defensor de las instituciones y el suyo siempre quiso que fuera un liderazgo institucional.
Para ello convocó y juntó personas que se dedicaran a construir las dos instituciones políticas más fuertes que hay en la República Dominicana y ambas le sobreviven.
La primera de ellas la abandonó por razones ideológicas y tan pronto salió de ella la misma dejó de ser un proyecto colectivo para ser un instrumento de grupos, cada uno con sus propósitos.
La segunda es hoy—y lo ha sido en tres ocasiones—partido de gobierno y, si dios no mete su mano, y a la luz de lo que puede leerse a simple vista, va rumbo a convertirse también en pasto de la composición y la naturaleza social dominicana.
América Latina es prolífica en ejemplos de lo que ocurre a las organizaciones que dependen de un líder, pero no hay que ir lejos a buscar modelos porque en la República Dominicana tenemos un ejemplo patético en lo ocurrido al PRSC a la muerte de su caudillo.
Lo dicho viene a cuento a propósito de la reforma constitucional que se debate en el Congreso, constituido en Asamblea Revisora para tales fines.
Muchos creímos que el de reforma sería un proyecto común del partido de gobierno y una propuesta de esa organización a la sociedad dominicana, devenida en tal luego de discutida en el PLD como un todo.
Pero no es eso lo que se ha visto. Peor aún, declaraciones de congresistas y funcionarios gubernamentales del partido oficial dejan claro que no tuvieron la oportunidad de discutir de manera institucional la propuesta de reforma.
Es el caso—para sólo mencionar uno— del secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, quien, según recoge el Diario Libre del pasado 28 de mayo, considera “que los artículos 80, 114, 115, 116, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 227, 231 y 253 de la propuesta deben ser modificados porque, de ser aprobados como están, atarían de manos al Estado dominicano”.
Pero lo cierto es que, de ser discutida primero, de manera institucional, en el partido de gobierno, la reforma constitucional de seguro fuera mucho más completa, más moderna y acabada y hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero al país al tiempo que hubiese dado una lección de trabajo colectivo, de equipo, de coherencia y de la pedagogía política que bastante necesitamos.
