A VER QUE TRAERÁ...
Ramón Tejeda Read
Jueves 31 de Julio del 2008
Si usted cree que el no poseer un documento de
identificación es un problema que sólo afecta a los haitianos y a los
dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se les niega ese derecho,
está equivocado.
El vice-presidente Rafael Alburquerque denunció recientemente que
millares de dominicanas y dominicanos no pueden ingresar a los programas
de asistencia del Estado porque carecen de la cédula de identidad.
Pero ése no es el único derecho que no pueden ejercer esos cientos de
miles de dominicanos y dominicanas, sean o no de ascendencia haitiana.
Tampoco pueden acceder a una licencia de conducir o a un pasaporte, y,
como tampoco pueden declarar a sus hijos e hijas, el problema se va
agravando con el tiempo; tienen dificultades con la inscripción en
programas de educación del Estado o privados y con la documentación de
cualquier negocio…
A resumidas cuentas, es gente que no existe en términos jurídicos. Y es
gente muy pobre; por eso no tiene doliente. Y si se supone que son de
ascendencia haitiana, entonces son pasto no sólo de la exclusión, sino
de todo, como denunciamos en la Perspectiva de ayer.
¿Cuánto cuesta a un dominicano o dominicana salir de semejante
ostracismo?
En una Oficialía del interior me hablaron de unos ¡CINCO MIL PESOS! Un
abogado que vive de esa labor me cofirmaba luego la información. Pero ha
habido quien haya pagado el doble. Las consecuencias de eso ya usted
puede imaginarse cuáles son.
Se trata de gente colocada en la indefensión jurídica; impedida del
derecho elemental a la identificación y, por vía de consecuencia, a
muchos otros derechos.
¿Cuál ha sido la actitud de TODOS nuestros gobiernos hasta ahora ante
semejante barbaridad?
Hacerse el loco. Justificar el status quo que garantiza mano de obra
barata, macuteo de toda laya, indefensión jurídica y la terrible
exclusión. ¡Y hay quienes hablan de violencia!
¿Se quiere un acto de violencia mayor contra ciudadanos y ciudadanas que
condenarles a semejante estado de destierro social y político?
Sentí lástima cuando recientemente el gobierno aceptaba una donación de
unos cuantos miles de dólares de una agencia internacional para dotar de
documentación a unos cuantos cientos de dominicanos.
Contrasta semejante descuido —nada inocente, dicho sea de paso— con la
actitud asumida, por ejemplo, por el gobierno venezolano y el gobierno
ecuatoriano frente al mismo problema.
Para corregir esa situación en Venezuela fue creada hace unos tres años
la Misión Identidad y en poco tiempo millones de venezolanos y
extranjeros llegados al país décadas atrás con la bonanza de los precios
del petróleo regularizaron su estatus.
Como el caso de las cuarenta etnias indígenas venezolanas era aún más
dramático, para ellas se creó la Misión Guaicaipuro, la cual, además de
proveer documentación, comprende programas de salud, de vivienda,
educación y, algo fundamental, el reconocimiento y demarcación de sus
tierras y del hábitat que siempre le negaron como paso previo al
despojo.
En nuestro país hay quienes se dedicaron a enredar la legislación y el
texto Constitucional para hacer cada vez más opaco el manejo de
problemas como éste que denunciamos en esta Perspectiva.
Salvo la Constitución de Juan Bosch, en 1963 —una verdadera Constitución
social y no sólo política o politiquera— los textos constitucionales
posteriores son verdaderos enredijos de terminología para especialistas
—otra manera de excluir al pueblo del debate— para justificar
privilegios e injusticias.
La cuestión haitiana ha estado subyaciendo en la formulación de
determinados aspectos de esas Constituciones argumentando supuestos
“patriotismos”, pero en el fondo justificando la injusticia y la
exclusión.
A ver qué traerá la próxima reforma.
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