A PROPÓSITO DEL CONTRABANDO

 13 de marzo de 2008

El Estado para consumar debidamente sus más altos fines institucionales; la convivencia pacífica, la libertad, el respeto por los derechos individuales, el orden público y la seguridad, necesita contar con una adecuada estructura político-jurídica.   

Pero una sociedad requiere custodiar, además, ciertos valores éticos fundamentales, que complementan o refuerzan la razonabilidad de esa mínima estructura político-institucional. Y para eso es indispensable, en ciertos casos, que la propia comunidad asuma la responsabilidad de dictar sanciones o condenas de carácter moral frente a ciertos actos ostensibles de inconducta o de corrupción social. 

La intervención por parte de la Dirección General de Aduanas hecha a cuatro almacenes y distribuidora de bebidas alcohólicas y licores, propiedad de tres comerciantes, con relación a un contrabando de whisky valorado en RD$110 millones de pesos no debe quedar a oscuras.  

La democracia no se construye sólo con formalidades electorales, sino también con gestos sustanciales de transparencia. La sociedad debe crear sus propias instancias de condena o rechazo moral a esos poderosos cuyos nombres difícilmente se hagan del conocimiento público.   

La sanción moral más efectiva es la amplia difusión de las identidades de las personas responsables de ese y de cualquier tipo de delitos.